Declaración
de la Asociación Americana de
Juristas sobre la gravedad y
peligro de
la justicia del trabajo en Brasil y Argentina
La Asociación Americana de Juristas, organización
no
gubernamental con estatuto consultivo en las naciones
Unidas, hace pública su denuncia sobre los métodos coactivos que se utilizan sobre los Jueces y Magistrados del trabajo y
contra los abogados
laboralistas que representan
a trabajadores y sindicatos, por parte de los Gobiernos de Argentina y
de
Brasil, que en las personas de los presidentes Macri y Temer
hacen declaraciones hostiles al Derecho Laboral y sus instituciones y
llegan, como en el caso argentino, a usar epítetos tan
degradantes como “mafiosos”, lo que denota una falta de escrúpulos para disciplinar a los que por mandato de Ley tienen
que
resolver los conflictos
de
trabajo.
En Brasil, el Presidente
de
la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, llega a declarar
que
la Justicia Laboral
ni siquiera debería existir. El Ministro de Salud, cuando
era Diputado relator del proyecto de los presupuestos públicos, afirmó tener aversión a la
Justicia Laboral. Otros parlamentarios, manifiestan el mismo preconcepto, así como miembros de propio Poder Judicial.
En ambos países se pretende de manera evidente el desmontaje de todas las garantías que protegen a los trabajadores en sus derechos adquiridos y desregular las relaciones
laborales a favor del capital, lo que resulta una medida neoliberal por excelencia, un ataque y retroceso del Estado de Derecho Social.
De otra
parte, se
quiere
quebrantar el equilibrio y división de poderes refrendado en sus
respectivas constituciones y leyes relativas
al debido proceso.
La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados
y Abogados en diversas ocasiones ha expresado que las violaciones masivas en contra
de los derechos
del pueblo suelen ser
acompañadas por un ataque contra quienes los
defienden, en especial contra sus abogados y
los
magistrados independientes.
En correspondencia con lo expuesto, la AAJ denuncia a
los gobiernos de
Argentina
y Brasil por sus métodos antidemocráticos y regresivos en lo social y laboral
y expresa su solidaridad y defensa de los jueces y magistrados de la justicia del Trabajo, con los
abogados laboralistas y sindicalistas y con los trabajadores en general cuyos derechos
deben ser resguardados y ampliados conforme lo disponen los arts. 6, 7, 8, 9, 10 y 11 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el art 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificados por ambos
Estados.
A 22 de junio de 2017
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